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Chile



Introducción1

La investigación “The Rise of Modern Constitutionalism, 1776-1849” comprende el período inicial de organización de Chile como estado independiente. La emancipación de la Corona española comenzó con la instauración de una Junta provisional de Gobierno en septiembre de 1810 y culminó en enero de 1826 con la caída del último bastión militar de los monarquistas hispanos en la isla Chiloé. En el período de formación del nuevo estado chileno se sucedieron tres reglamentos constitucionales y cuatro constituciones, ninguna de las cuales logró asentarse como base de instituciones estables. El punto de partida de un régimen constitucional que puede calificarse de normativo puede ubicarse hacia 1830, después de la derrota de los partidarios de un liberalismo más avanzado.2 Bajo el liderazgo conservador, la clase gobernante alcanzó un cierto consenso político que se vertió sobre el texto constitucional aprobado en 1833, que cierra el período cubierto por la presente publicación.

Para realizar esta compilación hemos seleccionado los textos de mayor relevancia en el proceso de emancipación y consolidación constitucional chilena. Esa mayor relevancia la hemos asociado a la vigencia formal de los textos escogidos y a su rango constitucional, sin perjuicio de la inclusión de cinco proyectos que estimamos de especial interés para nuestro constitucionalismo. La selección aquí publicada incluye los tres reglamentos constitucionales del período conocido como Patria Vieja (1810-1814), iniciado en septiembre de 1810 y concluido con el triunfo del enviado del Virrey del Perú, brigadier Mariano Osorio, en 1814. Asimismo, considera los cinco textos mayores del constitucionalismo del período 1818-1830, a saber: la Constitución provisoria de 1818, que tuvo vigencia hasta 1822; la de 1822; el Reglamento Organico y Acta de Union de marzo de 1823; la Constitución de 1823, que tuvo limitada aplicación salvo en lo referido a la Corte Suprema; y la de 1828, que sirvió de fuente para los constituyentes conservadores posteriores, pese a su inspiración ideológica claramente liberal. La selección también incluye la Constitución de 1833, que es una obra mayor de la tradición constitucional chilena. Fue promulgada el 25 de mayo de 1833 y tuvo vigencia hasta 1924, siendo según Bravo Lira, “una de las que han tenido más larga vigencia efectiva en el mundo”.3

También hemos querido incluir en esta publicación, cinco proyectos constitucionales de interés, tres de inspiración federalista y dos que sirvieron para elaborar la Constitución de 1833. Después del fracaso de la Constitución de 1823, las ideas federales alcanzaron un cierto grado de primacía dentro de la aristocracia gobernante y, por ende, en las asambleas constituidas en el período. Los federalistas no lograron la aprobación de una constitución federal en forma, aunque sus proyectos tuvieron influencia en el constitucionalismo posterior. Hemos seleccionado los tres proyectos federales más completos, a saber: el Proyecto de un reglamento provisorio para la administracion de las provincias de noviembre de 1825; el Proyecto de Constitucion de diciembre de 1826; y el Reglamento provisorio para el régimen de las provincias, que pretendía una aprobación y aplicación inmediata entretanto se discutía en el Congreso el proyecto de 1826.

Además agregamos dos proyectos que sirvieron de base para la elaboración del texto de 1833. Después del triunfo político y militar de los conservadores en 1830, se aprobó el 1º de octubre de 1831 una ley que convocó una Gran Convención para reformar la Constitución liberal de 1828. La Gran Convención encomendó a una Comisión de seis miembros la elaboración de un proyecto que sirviese de base para la discusión. El debate en la Comisión fue intenso y varios de sus miembros elaboraron proyectos o bosquejos constitucionales de mayor o menor extensión para emplearlos como apoyo de sus argumentaciones. Uno de estos proyectos personales, el de Mariano Egaña, fue presentado formalmente a la Comisión. El denominado Voto particular de Egaña, que incluimos en esta edición, generó adhesión entre los comisionados, lo que obligó a la Comisión a rehacer un primer proyecto que había concluido en abril de 1831. La Comisión elaboró entonces un segundo proyecto, también publicado aquí, que incluyó algunas de las ideas constitucionales de Egaña y que sirvió de base a la discusión de la Gran Convención. El contraste entre la Constitución aprobada y sus dos antecedentes inmediatos arroja luz sobre los tópicos que se consideraron de mayor relevancia para la construcción del primer régimen presidencialista que funcionó de manera estable en el Chile independiente.

En la edición de los textos seleccionados hemos utilizado las fuentes originales que se indican a pie de página en cada caso. El criterio empleado para escoger las fuentes ha sido el de su fiabilidad a partir de hechos históricos acreditados. De ordinario las mayores garantías en este sentido las ofrecen los manuscritos y las primeras ediciones oficiales, aunque ellas no siempre han existido. Recordemos que sólo a partir de 1823 se organizó la publicación estatal de leyes, reglamentos y decretos en el Boletín de las leyes y decretos del gobierno (Santiago, Imprenta de la Independencia).4 Otros documentos oficiales de interés para el estudio del constitucionalismo del período pueden encontrarse en la obra de Valentín Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos de la república de Chile. 1811 a 1845, Santiago, Imprenta Cervantes, desde 1887. Conviene observar que para divulgar la obra constitucional solían utilizarse periódicos comerciales o, simplemente, ediciones especiales. Algunas de estas publicaciones constan en el trabajo de Guillermo Feliú Cruz, Colección de antiguos periódicos chilenos, Santiago, Biblioteca Nacional, 1951-1966.

Para la revisión de las ediciones ha sido útil una de las compilaciones mayores de nuestro constitucionalismo, la de Luis Valencia Avaria, Anales de la República de Chile. Textos constitucionales de Chile y registro de los ciudadanos que han integrado los poderes ejecutivo y legislativo desde 1810 (1ª ed., Santiago, Imprenta Universitaria, 1951; 2ª ed., Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1986)5. Valencia recopila dieciséis textos constitucionales en sus versiones oficiales y originales, y añade, por separado, cada una de las leyes de reforma constitucional aprobadas posteriormente.

En la edición de estos instrumentos constitucionales hemos intentado no alterar, en ningún aspecto, las formas de los originales. El uso de algunas letras, mayúsculas, minúsculas, comas y tilde en la acentuación en los textos del período de la emancipación no siempre coincide con el actual. Recordemos que la idea de una ortografía “correcta” no existía cuando se prepararon las primeras ediciones que reunimos en este volumen. Sólo los posteriores trabajos Andrés Bello generaron cierta conciencia acerca de la importancia de los usos escritos (para alejarnos transitoriamente de la tradición hispana).

El camino originalista de nuestra compilación difiere del seguido por Valencia Avaria, que optó por adaptar los textos originales a las reglas actuales. Creemos que la ortografía utilizada en el primer tercio del siglo XIX no impide ni dificulta comprender las disposiciones constitucionales publicadas aquí. Agreguemos que la escasa aplicación que tuvieron la mayoría de los textos escogidos y la ausencia de un segundo idioma oficial los han validado como un material de estudio exento de polémicas.

De manera excepcional, hemos corregido el empleo de algunas letras o signos cuando nos ha parecido evidente, sobre la base de los usos del mismo texto, que se trata de una errata. También de manera excepcional, hemos agregado una nota al pie para aclarar el posible sentido de una expresión empleada por el constituyente. Esto último sólo en aquellos casos en que la ortografía empleada podría generar alguna confusión. Asimismo, hemos simplificado el uso de los tildes, que en algunas de las fuentes llega a tres tipos diferenciados (circunflejo, grave y agudo), reemplazando tal variedad por el agudo, el único que conserva uso en la ortografía española.

El análisis de estos textos debe completarse con dos obras clásicas de la historia constitucional chilena: las de Luis Galdames (La evolución constitucional de Chile, Santiago: Universidad de Chile, 1925) y de Fernando Campos Harriet (Historia Constitucional de Chile, 7ª ed., Santiago: Editorial Jurídica de Chile, reimp. 2000). También tienen utilidad las obras de Sergio Carrasco Delgado (Génesis y vigencia de los textos constitucionales chilenos, 3ª ed., Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2002), Jaime Eyzaguirre (Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile, 7ª ed., Santiago: Editorial Universitaria, 1986), Julio Heise González (150 años de evolución institucional, 6ª ed., Santiago: Editorial Andrés Bello, 1989), Simon Collier (Ideas y política de la independencia chilena 1808-1833, Santiago: Andrés Bello, 1977), y Mario Góngora (Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, 5ª ed., Santiago: Editorial Universitaria, 1994). Estas obras generales constituyen un buen comienzo para emprender el estudio en particular de los textos constitucionales reunidos en esta edición.

1 El autor agradece la colaboración de Constanza Prieto Figelist y Camilo Mirosevic Verdugo en el trabajo de revisión de los textos editados. También agradece a don Carlos Hoffmann Contreras, Secretario del Senado y a don Diego Correa Möller, del Archivo de la misma institución, quienes gentilmente facilitaron el acceso a los originales de los textos de 1822 y 1823, depositados en el Senado. Asimismo agradece al profesor Alejandro Guzmán, quien en el comienzo de este proyecto, identificó y recopiló los materiales que lo sustentan. El profesor Guzmán es el autor de “Proyectos y textos promulgados de declaraciones de derechos, leyes constitucionales y constituciones chilenas (1810-2003)”, trabajo que fue fundamental para la preparación de esta edición y que será publicado en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos.

2 Normativo en el sentido utilizado por la clasificación ontológica de Loewenstein (Karl Loewenstein, Political Power & The Governmental Process, Chicago: The University of Chicago Press, 1965, p. 147-148).

3 Bernardino Bravo Lira, Historia de las instituciones políticas de Chile e Hispanoamérica, Santiago: Editorial Jurídica de Chile-Editorial Andrés Bello, 1986, p. 137.

4 En 1898 el Boletín publicó cuatro tomos de leyes del período 1810-1823.

5 Otra compilación mayor es la de Ramón Briceño, Memoria histórica-crítica del derecho público chileno desde 1810 hasta nuestros días (Santiago, Imprenta de Julio Belin y Compañía, 1849). Briceño reúne quince textos constitucionales, los que a la fecha de su publicación no habían sufrido ninguna reforma.