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Introducción

Si el documento, además de ser el instrumento fedatario de los actos administrativos, lo es también de la comunicación del poder, una edición de textos de naturaleza constitucional tiene necesariamente que incluir otros documentos que las Constituciones en sentido estricto. Se trata de un hecho que es, si cabe, más cierto para el primer constitucionalismo moderno en general, y para España en particular.

Para el primero porque, al lado de esos requisitos sine qua non de la separación de poderes y garantía de derechos, coexistía el principio de una soberanía nacional, incluso “esencialmente nacional”, y, más frecuentemente, compartida entre el Rey y la Nación, cuya trascendencia va más allá de la típica construcción “titularidad y ejercicio de la soberanía” en la medida que permite cuestionar el brocardo “reinar pero no gobernar”, aparentemente respaldado por la no responsabilidad del monarca. Como escribe el diplomatista Romero Tallafigo, en el documento público de esta naturaleza en la edad contemporánea, se manifiesta una potestad visible (la del rey) y una invisible (la del gobierno). Pero es, precisamente, esa potestad visible la que rodea al rey de una nueva aureola de sacralidad que se manifiesta no sólo por las facultades y competencias que las Constituciones, en mayor o menor medida, le conceden, sino de una manera más inmediata, en la representación del propio proceso de la sanción: todo un ceremonial que afecta tanto a los instrumentos materiales como a las fórmulas que llevan aparejadas, los cuales, con frecuencia, son adaptaciones de la época precedente.

Los documentos reflejan puntualmente las rupturas, cambios y permanencias, pues coexisten formas del Antiguo Régimen con nuevos modelos o adaptaciones de los viejos y, en todos ellos, conviven sin problemas el nuevo lenguaje liberal con fórmulas tradicionales. En este sentido, se erigen como uno de los principales y, desde luego, el primero de los elementos para identificar las características de las diferentes etapas constitucionales. No es casual la forma adoptada por Sebastián Piñuela, Secretario de Gracia y Justicia, para comunicar el Estatuto de Bayona al presidente del Consejo de Castilla en aras a su publicación, ni tampoco que el Estatuto Real –al igual que ocurrió con la Constitución de Bayona– saliera a la venta en forma de Real Cédula inmediatamente antes de su publicación en la Gaceta de Madrid. Y aun más: las medidas más profundamente revolucionarias –de hecho, las que confirman la existencia de una Constitución en la época, según los ya aludidos requisitos establecidos por la Declaración de Derechos de 1789–, se adoptaron por Decretos de las Cortes –cuya fórmula de promulgación, por cierto, era una expresa acomodación de la propia de las Reales Provisiones del Antiguo Régimen– un año y medio antes de la publicación de la Constitución de 1812. Y antes y después de que ese hito en la historia constitucional española tuviera lugar, se aprobaron y publicaron por el mismo procedimiento aspectos tan fundamentales como la igualdad de españoles y americanos, la libertad de Imprenta o la abolición de la Inquisición. Desde esta perspectiva, la incuestionable intertextualidad se presenta como un requisito irrenunciable en una edición actual de documentos de esta clase. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la mayor parte de los que se incluyen son “documentos de archivo” y, en tanto tales, únicos e irrepetibles, cuya objetividad –en la medida que son testimonio de una gestión– y originalidad, les concede un carácter fedatario exclusivo[1].

Selección de Documentos

Para la selección de los textos de esta edición he partido de dos consideraciones previas y principales. En primer término, un criterio “intencionalista”, fundado en la propia concepción y objetivos de los redactores –tal es el caso del Estatuto Real. En segundo lugar, el de “complementariedad”, basado en la relación causa-efecto en el plano constitucional. Por ejemplo, la abdicación de Carlos IV y la Constitución de Bayona: la abdicación solo produce los efectos pretendidos por sus protagonistas porque se establece el respeto a algunas leyes fundamentales que conformaban la constitución material de la Monarquía y porque se comunica al Consejo Real para su ratificación y publicidad, y no por el Tratado –además, secreto – de Bayona, firmado días antes entre el rey y Napoleón I.

En una publicación de las características de la que ahora se presenta, cualquier opción que vaya más allá de los estrictos textos constitucionales puede verse afectada por unas inevitables dosis de personalismo. Consciente de este riesgo, he procurado, sin embargo, aplicar toda la objetividad posible para que el lector pueda extraer una razonable visión del primer constitucionalismo moderno español sin verse condicionado –o, al menos, reducir al máximo esta posibilidad– por una selección que, a un conocedor, acaso pudiera resultar sorprendente. No obstante, el análisis de las fuentes consultadas –a menudo, los expedientes completes–, respaldan, me parece, una selección que quiere ser ante todo respetuosa con las características de ese periodo constitucional, en el que el legislativo tiene un protagonismo indiscutible.

A este respecto, la inclusión de normas que, aparentemente, corresponden a otra clasificación –como el Decreto de 22 de Marzo de 1820, p.e., que, prima facie, se muestra como una disposición electoral–, responde a su acentuado carácter constitucional, como se desprende del propio título “sobre convocatoria á Cortes”. Elaborado, como expresamente se indica, ad hoc para la ocasión, tampoco debe olvidarse que en esa etapa del Trienio, tanto para el rey como para los constitucionalistas la puesta en vigor de la Constitución de 1812 se materializaba en el juramento regio de la Constitución y, sobre todo, en la inmediata celebración de Cortes.

Un razonamiento similar se aplica a la incorporación de los Reglamentos de los Estamentos de 1834. Se trata de un texto único, rubricado por la Reina Gobernadora, cuya inserción –frente al “Reglamento para el gobierno interior de las Cortes” (Decreto CCXCIII de 4 de Septiembre de 1813) o el “Reglamento interior de las Cortes” (Decreto LXXXVI de 29 de Junio de 1821)– está, creo, justificada por la materia estrictamente constitucional que no recogían los anteriores y que ahí aparece al lado de la reglamentaria y protocolaria, seguramente de una manera intencionada, pues son aspectos sustanciales no regulados en el Estatuto Real, que se remire expresamente a ellos en los artículos 11, 23 y 50 para materias de extraordinaria relevancia, como se señalará en su lugar. Entre otras, las competencias de las cámaras, que él no regulaba. Es conveniente recordar, en este sentido, que el propio Estatuto fue concebido por sus redactores para la “convocacion de Córtes”.

Puede, asimismo, llamar la atención a primera vista el desequilibrio que existe en relación al número de documentos que aparecen con anterioridad a 1836 y el periodo posterior a este año. Tal desequilibrio desaparece si tenemos en cuenta las peculiaridades de la etapa que se abre con la Constitución de 1837. A partir de esa fecha, en efecto, se produce un cambio significativo que se manifiesta en el hecho de que las Constituciones, respondiendo a un criterio más racional-normativo, tienden a agotar la materia constitucional en su articulado, especificando aquellas cuestiones – jurado, libertad de imprenta – que deberían ser desarrolladas o reguladas por una ley ordinaria. Un hecho, en todo caso, que coincide con la tendencia a afianzar la hegemonía y protagonismo del ejecutivo.

Aunque, a mi parecer, la relación de los textos está, o puede estar, justificada, en un cierto sentido tal relación podría ser complementada con la inclusión de algunos otros documentos –como, v. gr., el Real Decreto para la eleccion de Procuradores del Reino de 24 de Mayo de 1836. Cuestiones pragmáticas, pero sobre todo razones de fondo, me llevan a no hacerlo así: con ser importantes, el contenido estrictamente constitucional que poseen no alcanza la envergadura de los anteriores.

Un aspecto fundamental en esta clase de publicaciones es la tipología de los documentos, a la que los propios redactores concedieron una gran relevancia, como se desprende de los reglamentos de Cortes citados y del propio articulado de la Constitución de 1812. Salvo las Constituciones, en su práctica totalidad son Reales Decretos, Reales Ordenes y, en mucha menor medida, Reales Cédulas, las cuales, salvo en épocas de transición, como Bayona o la primera etapa de la Regencia de María Cristina (1834-36) tienen un valor, más bien, protocolario.

En relación con las primeras, es interesante destacar el hecho, testimonio a su vez de la propia evolución constitucional, de la intitulación y preámbulo: en tanto que el Estatuto de Bayona y la Constitución de Cádiz llevan una invocación inicial, en la de 1845 ésta se sustituye por la fórmula de otorgamiento de una reina que lo es “por la Gracia de Dios y de la Constitución”, en tanto que en 1837 es la “voluntad de la Nación” la que se hace constar en ese lugar. El Estatuto Real de 1834, carece de preámbulo.

En este orden de cosas, la Constitución de Bayona supone, asimismo, una excepción por otros dos motivos. El primero es de carácter formal, ya que, al menos en su estado actual, carece de esa encuadernación de lujo –completada en algunos casos, como en el de la Constitución de 1837, con una caligrafía especial para los conceptos más significativos– destinada a subrayar su carácter excepcional y casi sacral, pues no deja de recordar el cuidado que, en las épocas anteriores, se otorgaba a los textos religiosos, en incluso jurídicos, más relevantes, todos ellos profusamente decorados y con capitulares iluminadas. El segundo, es el párrafo de adhesión de los asistentes a la Junta, inmediatamente después de la suscripción, es decir, la firma del rey y el refrendo del Ministro de Estado. Además, es la única también que lleva amplios márgenes en la parte superior, inferior y, en especial, a la izquierda, recordando en este extremo la forma de los Reales Decretos. Tales márgenes únicamente afectan al texto articulado y no se respetan en la citada adhesión.

Los Reales Decretos, muy recurrentes en el Antiguo Régimen desde los Austrias, sufren, como expone Romero Tallafigo, una modificación en la etapa postrevolucionaria, percibiéndose incluso diferencias dentro de ésta que denotan el momento y, sobre todo, la fuente de emisión. No sólo existen desigualdades entre los de las etapas absolutistas y constitucionales, sino también entre los emitidos por las Cortes de Cádiz y los demás.

El modelo habitual comienza por la intitulación (quien lo emite), seguida de una parte expositiva (las razones de la emission), una dispositiva (el texto articulado), la cláusula de comunicación (usualmente “Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario á su cumplimiento”), la suscripción (firma o rúbrica del rey o reina), refrendo, en su caso (del Ministro a quien corresponda la materia objeto del Decreto), la data (lugar y fecha de emisión) y, finalmente, la dirección, siempre al pie de pliego o folio, que puede ser nominal (si figura el nombre del destinatario) o con el cargo (Ministro de …). La data puede ir antes o después de la suscripción, y, en ocasiones, existen variaciones al respecto entre el texto manuscrito y el publicado, como ocurre con los decretos de las Cortes de Cádiz. Asimismo, se observan diferencias en el modo de consignar el lugar. En Madrid se suele poner “en Palacio”, en tanto que cuando la firma se lleva a efecto fuera de la capital, se identifica el lugar: Real isla de Leon, en el caso de las Cortes de Cádiz, o Aranjuez, El Pardo, San Ildefonso etc., si es el rey o reina quien los firma.

Se observan diferenciaciones notables en la forma durante este periodo. Una de las más sobresalientes afecta a la intitulación, pues durante la primera etapa, las Cortes –por Decreto de 25 de Septiembre de 1810, reiterado en la Orden de 16 de Octubre siguiente y confirmado por el artículo 155 de la Constitución de 1812 “para la publicación de leyes, decretos, cédulas y provisiones”– establecieron una fórmula precisa, pero únicamente a efectos de publicación. Por tanto, tal fórmula no aparece en los decretos manuscritos de las Cortes de esa época (1810-1814), recogidos en los dos Tomos que se conservan en el Archivo del Congreso de los Diputados, escritos en pliegos cuyos márgenes –izquierdo, derecho, superior e inferior– son iguales y en los cuales, por lo general y salvo excepciones –entre ellas, obviamente, la del primer Decreto de 24 de Septiembre de 1810–, se utiliza como fórmula introductoria “las Cortes generales y extraordinarias”. Los de 1820 que se contienen en esta edición, aunque observan escrupulosamente el procedimiento de rigor –“para rubricar por S.M.”, escrito en pliego separado–, carecen de márgenes e intitulación, posiblemente por las circunstancias excepcionales en que fueron aprobados.

A partir de 1833 se sigue una forma invariable, siempre en dos pliegos. El primero, de exposición, llevaba márgenes de cortesía muy amplios, destacando en el centro la palabra “Señora”. Debajo, espaciada y a la izquierda, la fórmula “Dignese rubricar V.M.”, que sustituye a la anterior de 1820, y del centro a la derecha, a la misma altura, el título del Decreto. Al final del pliego, el nombre del Ministro responsable. El texto articulado comenzaba en el segundo pliego, y no se guardan márgenes. La rúbrica o, en su caso, la firma “Yo la Reina Gobernadora”, inmediatamente después del texto. La excepción de este procedimiento la conforma el Decreto de 13 de Agosto de 1836, debido a las peculiaridades del momento en que fue dictado, y que se explican en el lugar correspondiente.

 

Las Reales Ordenes revisten una relevancia considerable en la medida que eran el procedimiento habitual de transmitir las disposiciones más importantes, como las leyes o decretos. Su estructura responde, en primer lugar, al título de procedencia –desde 1833, por lo general, aunque no siempre, estampado en un membrete–, el asunto o estractillo, la salutación (excmo), la cláusula de comunicación (a los efectos oportunos), la fórmula de despedida (Dios guarde a V. muchos años), la fecha, la antefirma de cortesía (besalasmanos) y, finalmente, la suscripción o firma. Podían ser principales, cuando iban firmadas por un ministro (p. ej., la convocatoria de Sebastián Piñuela a la Junta de Bayona), o comunicadas – cuando se trataba de una autoridad inferior – v. gr., el Decreto de 6 de Marzo de 1820.

Frente a éstas, las Reales Cédulas –como en la que salió a la luz el Estatuto Real–, muy inferiores en número, se significan porque su fundamento jurídico, habitualmente disposiciones del Antiguo Régimen, que las diferencian claramente de las anteriores. Por su parte, la fórmula adaptada de la Real Provisión –pues, como recuerda Romero Tallafigo, la práctica constitucional no podía aceptar sin más un instrumento claramente vinculado a modelos absolutistas– es, hasta 1843, año en que desaparece la tradicional “Tendreislo entendido y dispondréis que se imprima, publique y circule”, el soporte jurídico habitual con que se publicaban leyes y Decretos.

Por último, los tipos de letra usados en los manuscritos denotan una abrumadora presencia de la bastarda española para la primera época, y la inglesa, que se impone desde 1833, si bien, aunque con carácter excepcional, también se recurre otros. En todo caso, todas estas peculiaridades se describirán con mayor detenimiento en las notas introductorias a cada uno de los documentos, donde, asimismo, consta una breve introducción histórica relativa al momento en que surgen las normas y se incorporan documentos de archivo que, si bien carecen de una naturaleza constitucional tan contrastada, contribuyen en todo caso a esclarecer las circunstancias del momento y el carácter de las normas y, en consecuencia, a complementar la información.

Características de la edición

Es obligatorio hacer una referencia a las características de la edición. La mayor parte de los textos son documentos de archivo manuscritos, por tanto, originales, y sólo se publican aquellos que están firmados y rubricados por la autoridad competente, descartándose, en consecuencia, las copias o borradores, salvo tres excepciones. La primera es la segunda parte del Proyecto de Constitución de 1812, cuyo original parece que se perdió y que aquí se subsana con el manuscrito original de las Actas de la Comisión y una minuta autorizada de la misma. La segunda es el ya mencionado Decreto de 6 de Marzo de 1820, del que se incluye el “traslado” inserto en una Real Orden, porque dichos traslados o copias, dirigidas a autoridades, tienen carácter oficial, y, finalmente, la tercera es el Real Decreto del 13 de agosto de 1836, por las razones que se explican en su lugar. Puesto que todos los textos están escaneados, no he recurrido a las normas habituales de la transcripción y he optado por una transliteración que respeta en su integridad las peculiaridades morfológicas y lexicales, incluidas las uniones entre palabras que existen en los manuscritos y las demás singularidades ortográficas, por estimar que esta opción permite guardar una mayor fidelidad al texto escrito, el cual puede ser fácilmente comparado con el publicado que está en la red. Las diferencias de fondo entre ambos –es decir, manuscritos e impresos-, aunque muy escasas, existen y aparecen recogidas, siempre en cursiva, al lado de las de carácter gramatical y ortográfico, incluidos los signos. Se han descartado las comas (,), debido a que la ausencia de reglas al respecto produce distinciones que alargarían indefinidamente una relación de concordancias-discordancias, ya no sólo en relación con los impresos sino, sobre todo, en aquellos casos en los que, como ocurre con la Constitución de 1812, existen dos ejemplares manuscritos. En cambio, se han recogido las discrepancias en el uso de mayúsculas, versales y versalitas por el carácter sustancial que algunos estudios han demostrado que poseen entre nosotros.

Los textos impresos con los que se hacen las concordancias son de dos clases:

Periódicos:

Gazeta de Madrid;

Gazeta de la Regencia de España e Indias;

Gazeta de la Regencia de las Españas;

Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel;

(las dos últimas “Gazetas” fueron publicadas por la Regencia – pues la anterior estaba controlada por el Gobierno de José I –, desde el 13 de Marzo de 1810 al 21 de Enero de 1812 – la primera –, y desde el 28 de Enero de 1812 al 10 de Mayo de 1814, la segunda).

Jurídicos de carácter oficial (Colección de Decretos):

Coleccion de los Decretos y Ordenes que han expedido Las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de Setiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811 mandada publicar por orden de las mismas, Cadiz: Imprenta Real, 1811.

Coleccion de los Decretos y Ordenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de 1820 y 1821, desde el 6 de Julio hasta el 9 de Noviembre de 1820 mandada publicar por orden de las mismas, Madrid: En la Imprenta Nacional, Tomo VI, 1821.

Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los reales decretos, ordenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las Secretarías del Despacho. Desde 1.o de Julio hasta fin de Diciembre de 1837, De orden de S.M., Madrid: en la Imprenta Nacional, Tomo XXIII, 1846.

Decretos del Rey Don Fernando VII. Año Primero de su restitución al Trono de las Españas. Se refieren todas las Reales Resoluciones que se han expedido por los diferentes Ministerios y Consejos desde el 4 de Mayo de 1814 hasta el fin de Octubre de igual año., Por don Fermín Martín Balmaseda. Por orden de S.M., Madrid: En la Imprenta Real, Tomo I, 1818.

Decretos del Rey Don Fernando VII. Año segundo de su Restitución… Se refieren todos los Reales Decretos… en todo el año 1816. Por don Fermín Martín de Balmaseda, Madrid: [Imprenta Real], 1819, Tomo II, 1819.

Decretos del Rey Don Fernando VII o coleccion de Reales Resoluciones expedidas por los Reales Ministerios y Consejos desde el 1.o de Enero de 1820 hasta el 7 de Marzo inclusive del mismo año, dia en que S.M., a impulso de una faccion impia y escandalosa fue privado de su preciada libertad, Por don Fermin Martin de Balmaseda, Madrid: [s.n.], 1823.

Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados de su Real Nombre por su augusta Madre la Reina Gobernadora, y Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos expedidos por los Secretarios del Despacho Universal desde 1.o de Enero hasta el fin de Diciembre de 1834. Por don Josef Maria de Nieva. Por orden de S. M., Madrid: En la Imprenta Real, Tomo XIX, 1835.

Decretos de S. M. la Reina doña Isabel II desde el 1.o de Enero hasta el fin de Diciembre de 1836. Incluyense en el Apéndice las Leyes y Decretos de las Cortes anteriores que por las actuales y por S. M. han sido restablecidas en el mismo año. Por don Josef Maria de Nieva, Tomo XXI, Madrid: [s.n.], 1837.

En el caso relativo al Estatuto Real, del que me ha sido imposible localizar los manuscritos originales del propio Estatuto y de los Decretos de aprobación del mismo y del de Convocatoria a Cortes, he partido como texto base, por las razones que explican en su lugar, del ejemplar de la Imprenta Real que se conserva en la Biblioteca de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Y, de la misma manera, he utilizado, para completar información, los documentos contenidos en las siguientes publicaciones:

Actas del Consejo de Ministros. Isabel II. Tomo IX (1833 a 1839). ED. Javier García Fernández; Coord. Técnica: Ignacio Ruiz Alcain, Madrid: Ministerio de la Presidencia, 1995.

Actas de la Diputación General de españoles que se juntó en Bayona el 15 de Junio de 1808 en virtud de convocatoria expedida por el Gran Duque de Berg como Lugar-Teniente general del Reino, y la Junta Suprema de Gobierno, con fecha 19 de Mayo del mismo año, Madrid: Imprenta y fundición de J.A. García. Calle Campomanes, Núm. 6, 1874.

Diario de las Sesiones de Cortes.

Fernández Martín, Manuel, Derecho parlamentario español, 3 vols., Madrid: Imprenta de los Hijos de J. A. García, Calle de Campomanes, núm. 6, 1885-1900 (reimp. Madrid: Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1992).

Memoria de D. Miguel José de AZANZA y D. Gonzalo O-Fárril sobre los hechos que justifican su conducta política, desde Marzo de 1808 hasta Abril de 1814, Paris: P.N. ROUCEBON, 1815.

Proclama dada en Burdeos por Nuestro Rey Fernando VII, [s.l.: s.n.], 1808.

Prontuario de las leyes y decretos del Rey Nuestro Señor Don José Napoleon I desde el año 1808. 2 Tomos, Madrid: Imprenta Real, 1810.

Agradecimientos

Por último, quiero dejar constancia clara y expresa de las múltiples ayudas que he recibido en el transcurso de esta investigación por el personal de archivos y bibliotecas que, en todos los casos, fueron más allá del deber profesional. A don Ignacio Ruiz, director del Archivo-Biblioteca de la Presidencia del Gobierno, por sus sabios consejos y asesoramiento; a Monserrat García, Rosario Martínez Cañabate, Margarita y Mateo Maciá, en el Archivo del Congreso de los Diputados, por sus inestimables sugerencias y fructíferas conversaciones; a Antonio Alonso, en el Archivo de Palacio, y Justo Polo, en el Archivo del Ministerio de Justicia, por su extraordinaria disponibilidad, por facilitarme un acceso rápido y por permitirme la consulta de instrumentos de uso personal; a Rocío Sánchez, en el Archivo Histórico Nacional, Pilar Casado, en el de Asuntos Exteriores; Angeles Pérez-Samperio y María Martínez, en el del Senado; Pilar Cabrá Rojo, Guadalupe Luengo y Josefina Gómez, en el AGA de Alcalá, por su presteza y exquisita amabilidad. Y a María Isabel Navarro Cañas en la Biblioteca de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y a Rosario Herrero Gutiérrez, en la del Senado por su extraordinaria diligencia. A Carlos Palao Taboada, catedrático de derecho financiero y colega en la Universidad Autónoma de Madrid y a Julia Bruna, Paloma Calvé, Nieves Martínez Maire y Alicia Mayorga, compañeras bibliotecarias de la Facultad de Derecho de la misma, su deferencia y su habitual y proverbial diligencia.

Y más allá de lo que las palabras puedan expresar, a Ignacio Fernández Sarasola – a quien desde aquí expreso mi reconocimiento por la generosidad de prestarme los microfilms de los fondos de Bayona en los Archivos Franceses –, y Joaquín Varela (los primeros que tuvieron conocimiento y trabajaron en este proyecto), y a Carlos Petit, por su infinita paciencia y preciosas orientaciones. Y, de manera especial, a Miriam Leitner, Nicole Burkhardt y a los profesores Antonio M. Hespanha y H. Dippel.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

a) Textos constitucionales (ediciones)

Constituciones Españolas, Madrid: Congreso de los Diputados y Boletín Oficial del Estado, 1986ª. Contiene la reproducción fácsimil de los manuscritos y originales de las Constituciones españolas que se conservan en el Archivo del Congreso de los Diputados. Entre ellos uno de los dos de la Constitución de 1812 y de las de 1837 y 1845.

Fernández Sarasola, Ignacio, Proyectos Constitucionales de España (1786-1824), Madrid: CEPC, 2004.

Rico Linage, Raquel, Constituciones Históricas. Ediciones Oficiales, Sevilla: Universidad de Sevilla, 1989.

b) características diplomáticas de los textos

García Muñoz, Montserrat, “La documentación electoral y el fichero histórico de Diputados”, en Revista General de Información y Documentación, vol. 12, nº 1, 2002.

Macía, Mateo, Originales de las Constituciones y documentos de relevancia constitucional en el Archivo del Congreso de los Diputados. Textos, sanción, promulgación y publicación (original de próxima publicación).

Romero Tallafigo, Manuel, Historia del Documento en la Edad Contemporánea. La Comunicación y la Representación del Poder Central de la Nación, Carmona (Sevilla): S&C Ediciones, 2002.

c) de iniciación

 

Artola, Miguel, Los orígenes de la España Contemporánea, Madrid, CEPC, 2000 (reedic.).

Clavero, Bartolomé, Evolución histórica del constitucionalismo español, Madrid, Tecnos, 1984.

Fernández Sarasola, Ignacio, La primera Constitución española: El Estatuto de Bayona, Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006.

Tomás y Valiente, Francisco, “Génesis de la Constitución de 1812. I. De muchas leyes fundamentales a una sola Constitución”, en Anuario de Historia del Derecho Español, nº 65, pp 137 ss.

Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín, Política y Constitución en España (1808-1978). Prólogo Francisco Rubio Llorente. Madrid: CEPC, 2007.

ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS

A.C.D.: Archivo del Congreso de los Diputados.

Actas: Actas de la Comisión de Constitución… (1811-1813)

ACTAS: Actas de la Diputación General que se juntó en Bayona…

ACTAS IX: Actas del Consejo de Ministros, T. IX.

A.G.A.: Archivo General de la Administración.

A.G.M.A.E: Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores.

A.G.P.: Archivo General de Palacio.

A.H.N.: Archivo Histórico Nacional.

A.M.J.: Archivo del Ministerio de Justicia.

A.P.G.: Archivo-Biblioteca del Ministerio de la Presidencia del Gobierno.

A.N.: Archives Nationales.

A.S.: Archivo del Senado.

B.C.: Biblioteca del Congreso de los Diputados.

BRAJyL: Biblioteca de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

B.S: Biblioteca del Senado.

CDOC: Colección de Decretos y ordenes de las Cortes de Cádiz.

D.I.: Decretos del Rey Don Fernando VII, T. I.

D.II: Decretos del Rey Don Fernando VII, T. II.

D.XIX: Decretos de la Reina… Doña Isabel II, T. XIX.

D.XXI: Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, T. XXI.

D.XXIII: Colección de las leyes … 1.o Julio hasta fin de Diciembre de 1837.

D.S.: Diario de las Sesiones de Cortes.

GEM: Gazeta Extraordinaria de Madrid

GM: Gazeta de Madrid.

GRE: Gazeta de la Regencia de las Españas

GREI: Gazeta de la Regencia de España e Indias

IR: Imprenta Real

Memoria-AZANZA-O-FARRIL: Memoria sobre los hechos…

MON: Gazette National ou Le Moniteur Universal

Mss: manuscrito

Prontuario I: Prontuario de las leyes de… José Napoleón I, Tomo I.

R.D: Real Decreto



[1] Francisco FUSTER RUIZ: Archivística, Archivo, Documento de Archivo… Necesidad de clarificar los conceptos, en Anales de Documentación, 2, 1999, pp 103-120.